PROYECTO DE LEY
30-04-2026
Buscan reforzar la prevención del bullying en las escuelas
22:31 |
Un proyecto de ley propone coordinar a Educación, Seguridad y Salud para prevenir la violencia escolar, detectar riesgos y actuar de manera rápida ante situaciones críticas.
Un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley que propone la creación de un Gabinete Interministerial de Seguridad y Convivencia Escolar, con el objetivo de abordar de manera integral los problemas que afectan a las instituciones educativas.
La iniciativa plantea articular el trabajo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, junto a organismos de niñez y adolescencia, para dar respuestas más rápidas y coordinadas ante situaciones de violencia, bullying, consumo problemático y otros conflictos sociales que atraviesan a las escuelas.
Según los fundamentos, el proyecto busca superar las intervenciones aisladas del Estado y avanzar hacia un enfoque conjunto. “Si el problema es multicausal, la solución debe ser multiagencial”, sostienen los autores.
Entre las principales medidas, se propone la implementación de “corredores seguros” para estudiantes y docentes, la unificación de protocolos de actuación ante casos de violencia o presencia de armas, y la creación de un observatorio provincial que releve datos sobre incidentes en el ámbito escolar.
Además, el proyecto incorpora un sistema de detección temprana de riesgos, que incluye indicadores como conductas violentas, aislamiento social o amenazas, así como el uso problemático de redes sociales.
Otro punto destacado es la creación de una unidad especializada en ciberdelitos vinculados al ámbito escolar, que trabajará en la prevención de amenazas digitales y en la asistencia técnica a las instituciones educativas.
La iniciativa también establece capacitaciones obligatorias para docentes y directivos en prevención de violencia, resolución de conflictos y uso responsable de redes, así como la participación activa de las familias en el seguimiento de situaciones de riesgo.
En casos graves, el proyecto prevé la activación inmediata de protocolos con intervención del gabinete y, de ser necesario, de las fuerzas de seguridad.
Los legisladores sostienen que la propuesta se basa en normativas nacionales y antecedentes de otras provincias, y remarcan que garantizar entornos seguros es una condición clave para el pleno ejercicio del derecho a la educación.
Un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley que propone la creación de un Gabinete Interministerial de Seguridad y Convivencia Escolar, con el objetivo de abordar de manera integral los problemas que afectan a las instituciones educativas.
La iniciativa plantea articular el trabajo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, junto a organismos de niñez y adolescencia, para dar respuestas más rápidas y coordinadas ante situaciones de violencia, bullying, consumo problemático y otros conflictos sociales que atraviesan a las escuelas.
Según los fundamentos, el proyecto busca superar las intervenciones aisladas del Estado y avanzar hacia un enfoque conjunto. “Si el problema es multicausal, la solución debe ser multiagencial”, sostienen los autores.
Entre las principales medidas, se propone la implementación de “corredores seguros” para estudiantes y docentes, la unificación de protocolos de actuación ante casos de violencia o presencia de armas, y la creación de un observatorio provincial que releve datos sobre incidentes en el ámbito escolar.
Además, el proyecto incorpora un sistema de detección temprana de riesgos, que incluye indicadores como conductas violentas, aislamiento social o amenazas, así como el uso problemático de redes sociales.
Otro punto destacado es la creación de una unidad especializada en ciberdelitos vinculados al ámbito escolar, que trabajará en la prevención de amenazas digitales y en la asistencia técnica a las instituciones educativas.
La iniciativa también establece capacitaciones obligatorias para docentes y directivos en prevención de violencia, resolución de conflictos y uso responsable de redes, así como la participación activa de las familias en el seguimiento de situaciones de riesgo.
En casos graves, el proyecto prevé la activación inmediata de protocolos con intervención del gabinete y, de ser necesario, de las fuerzas de seguridad.
Los legisladores sostienen que la propuesta se basa en normativas nacionales y antecedentes de otras provincias, y remarcan que garantizar entornos seguros es una condición clave para el pleno ejercicio del derecho a la educación.
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