ZENTRIX CONSULTORA
22-02-2026
Más del 50% no acompaña los cambios en las relaciones laborales
13:38 |
La nueva medición del Monitor de Opinión Pública exhibe una clara sintonía entre los temas en debate legislativo y la opinión pública. El 64,2% se muestra a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13/14 años, mientras que el 48,6% respalda la reforma laboral actualmente en discusión.
La demanda de bajar la edad de imputabilidad no se explica únicamente por la agenda de seguridad, sino por el clima general que refleja el MOP. La situación económica aparece como el principal problema del país y el 46,8% evalúa negativamente el rumbo nacional. En ese marco de malestar, crece la expectativa de respuestas firmes y decisiones concretas. La discusión penal se inscribe en esa lógica: cuando la percepción de fragilidad aumenta, la tolerancia social disminuye y el reclamo de orden se vuelve transversal.
La encuesta también muestra que el desempleo figura entre las principales preocupaciones y que el 41,9% atravesó la pérdida de trabajo propia o en su entorno cercano durante el último año. A esto se suma que el 76,1% considera que su salario no le gana a la inflación. Este escenario de inestabilidad económica y deterioro del poder adquisitivo impulsa la búsqueda de cambios estructurales, particularmente en el mercado laboral, donde casi la mitad de la sociedad se muestra dispuesta a respaldar modificaciones de fondo.
En una economía con altos niveles de informalidad y condiciones laborales frágiles, se consolida además un fuerte desgaste de los actores sindicales tradicionales. El MOP de noviembre ya había registrado una mala imagen de los gremios, con alrededor del 65% de evaluación negativa. A ello se sumó el amplio respaldo social a la eliminación de las cuotas sindicales obligatorias, aunque finalmente el Gobierno y la CGT acordaron mantenerlas. Ese contraste expone una brecha entre la dirigencia sindical y el humor social: mientras las cúpulas gremiales resisten cambios y defienden estructuras de financiamiento propias, una parte significativa del electorado cuestiona su representatividad y su capacidad real de mejorar las condiciones laborales.
En este marco, la reforma laboral no es leída exclusivamente en clave ideológica, sino como una posible ruptura con un sindicalismo percibido como corporativo y desconectado de los trabajadores más vulnerables, especialmente los informales y precarizados. La resistencia de la CGT, lejos de generar un respaldo automático, se enfrenta a una opinión pública que muestra fatiga frente a un modelo sindical que no logra revertir ni la informalidad ni la pérdida del poder adquisitivo.
Con ambos proyectos ya con media sanción en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa se consolida como uno de los ejes centrales en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. La combinación entre demanda de orden en materia penal y disposición a discutir reformas laborales configura un escenario en el que el Congreso debate iniciativas que cuentan con respaldo social significativo y que pueden redefinir el equilibrio político en el inicio del nuevo período legislativo.
INDEC
Consultados sobre los cambios ocurridos durante febrero, tras la salida del director del INDEC, Marcos Lavagna, se observa una posición mayoritariamente negativa en la opinión pública. Predomina la lectura de que se trata de una intervención sobre un organismo que funciona como el “termómetro” de lo que ocurre con los precios y, por lo tanto, como un pilar de credibilidad institucional en un tema sensible para la vida cotidiana.
La demanda de bajar la edad de imputabilidad no se explica únicamente por la agenda de seguridad, sino por el clima general que refleja el MOP. La situación económica aparece como el principal problema del país y el 46,8% evalúa negativamente el rumbo nacional. En ese marco de malestar, crece la expectativa de respuestas firmes y decisiones concretas. La discusión penal se inscribe en esa lógica: cuando la percepción de fragilidad aumenta, la tolerancia social disminuye y el reclamo de orden se vuelve transversal.
La encuesta también muestra que el desempleo figura entre las principales preocupaciones y que el 41,9% atravesó la pérdida de trabajo propia o en su entorno cercano durante el último año. A esto se suma que el 76,1% considera que su salario no le gana a la inflación. Este escenario de inestabilidad económica y deterioro del poder adquisitivo impulsa la búsqueda de cambios estructurales, particularmente en el mercado laboral, donde casi la mitad de la sociedad se muestra dispuesta a respaldar modificaciones de fondo.
En una economía con altos niveles de informalidad y condiciones laborales frágiles, se consolida además un fuerte desgaste de los actores sindicales tradicionales. El MOP de noviembre ya había registrado una mala imagen de los gremios, con alrededor del 65% de evaluación negativa. A ello se sumó el amplio respaldo social a la eliminación de las cuotas sindicales obligatorias, aunque finalmente el Gobierno y la CGT acordaron mantenerlas. Ese contraste expone una brecha entre la dirigencia sindical y el humor social: mientras las cúpulas gremiales resisten cambios y defienden estructuras de financiamiento propias, una parte significativa del electorado cuestiona su representatividad y su capacidad real de mejorar las condiciones laborales.
En este marco, la reforma laboral no es leída exclusivamente en clave ideológica, sino como una posible ruptura con un sindicalismo percibido como corporativo y desconectado de los trabajadores más vulnerables, especialmente los informales y precarizados. La resistencia de la CGT, lejos de generar un respaldo automático, se enfrenta a una opinión pública que muestra fatiga frente a un modelo sindical que no logra revertir ni la informalidad ni la pérdida del poder adquisitivo.
Con ambos proyectos ya con media sanción en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa se consolida como uno de los ejes centrales en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. La combinación entre demanda de orden en materia penal y disposición a discutir reformas laborales configura un escenario en el que el Congreso debate iniciativas que cuentan con respaldo social significativo y que pueden redefinir el equilibrio político en el inicio del nuevo período legislativo.
INDEC
Consultados sobre los cambios ocurridos durante febrero, tras la salida del director del INDEC, Marcos Lavagna, se observa una posición mayoritariamente negativa en la opinión pública. Predomina la lectura de que se trata de una intervención sobre un organismo que funciona como el “termómetro” de lo que ocurre con los precios y, por lo tanto, como un pilar de credibilidad institucional en un tema sensible para la vida cotidiana.
Comentarios
NOTICIAS MÃS LEÃDAS
1
2
3
4
5
FOTOS DEL DÃA
OPINIÓN
AJUSTANDO LAS MARCAS
Carlos Fara
Da la impresión de que en los días que sucedieron entre la complicada aprobación del presupuesto en Diputados y la ...
¿Hay futuro?
Carlos Fara
La semana anterior ya hubo una señal de alerta en el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di ...