NEUQUÉN
05-09-2025
Debaten el uso de narcotest sorpresivos para políticos y jueces
21:51 |
La Legislatura analiza controles toxicológicos obligatorios y aleatorios para funcionarios de los tres poderes. El costo de los test, entre $15.000 y $20.000, será asumido por cada funcionario.
La Legislatura de Neuquén se encuentra en un acalorado debate sobre un proyecto de ley que propone realizar narcotest sorpresivos a funcionarios de los tres poderes del Estado, incluyendo al gobernador, legisladores, jueces y fiscales.
La iniciativa, que busca garantizar la “idoneidad” de quienes ocupan cargos públicos, avanzó en la comisión de Asuntos Constitucionales, pero aún enfrenta interrogantes sobre su constitucionalidad, las sanciones aplicables y su implementación práctica.
El proyecto establece que los controles toxicológicos, realizados mediante pruebas rápidas de orina o saliva, serán aleatorios y sin notificación previa, con un costo estimado de entre $15.000 y $20.000 que deberán cubrir los propios funcionarios.
En caso de un resultado positivo, se permitirá una contraprueba, pero un segundo positivo podría derivar en sanciones severas, como la suspensión sin goce de sueldo por tres meses o incluso la remoción del cargo, dependiendo del poder del Estado al que pertenezca el funcionario.
El debate, que aún no ha llegado al recinto, enfrenta tensiones sobre las sanciones. Mientras el PRO propone una expulsión automática ante un positivo confirmado, otros sectores, como Unión por la Patria, abogan por procesos constitucionales, como juicios políticos o sumarios administrativos, para evitar arbitrariedades.
Otro punto en discusión es quién asumirá el costo de los test y si se realizarán en laboratorios públicos, privados o mixtos, para evitar que la medida se convierta en un negocio para ciertos actores.
La Legislatura de Neuquén se encuentra en un acalorado debate sobre un proyecto de ley que propone realizar narcotest sorpresivos a funcionarios de los tres poderes del Estado, incluyendo al gobernador, legisladores, jueces y fiscales.
La iniciativa, que busca garantizar la “idoneidad” de quienes ocupan cargos públicos, avanzó en la comisión de Asuntos Constitucionales, pero aún enfrenta interrogantes sobre su constitucionalidad, las sanciones aplicables y su implementación práctica.
El proyecto establece que los controles toxicológicos, realizados mediante pruebas rápidas de orina o saliva, serán aleatorios y sin notificación previa, con un costo estimado de entre $15.000 y $20.000 que deberán cubrir los propios funcionarios.
En caso de un resultado positivo, se permitirá una contraprueba, pero un segundo positivo podría derivar en sanciones severas, como la suspensión sin goce de sueldo por tres meses o incluso la remoción del cargo, dependiendo del poder del Estado al que pertenezca el funcionario.
El debate, que aún no ha llegado al recinto, enfrenta tensiones sobre las sanciones. Mientras el PRO propone una expulsión automática ante un positivo confirmado, otros sectores, como Unión por la Patria, abogan por procesos constitucionales, como juicios políticos o sumarios administrativos, para evitar arbitrariedades.
Otro punto en discusión es quién asumirá el costo de los test y si se realizarán en laboratorios públicos, privados o mixtos, para evitar que la medida se convierta en un negocio para ciertos actores.
Comentarios
NOTICIAS MÃS LEÃDAS
1
2
3
4
5
FOTOS DEL DÃA
OPINIÓN
AJUSTANDO LAS MARCAS
Carlos Fara
Da la impresión de que en los días que sucedieron entre la complicada aprobación del presupuesto en Diputados y la ...
¿Hay futuro?
Carlos Fara
La semana anterior ya hubo una señal de alerta en el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di ...