Extinción de dominio: necesidad y urgencia

14:51 | La extinción de dominio incorpora al Código Civil una causa nueva por la que una persona puede perder la tenencia de una cosa.
Los abogados solemos complicar la comprensión de situaciones que las personas con sentido común ven con más claridad. Es la misma sociedad que también quiere que se devuelva el dinero al Estado antes de que el acusado vaya a la cárcel o en el mejor de los casos devuelva lo robado y luego cumpla la condena.

Si los padres descubren que su hijo le quitó un juguete a un amigo deben imponerle una penitencia para que aprenda que eso está mal y no lo vuelva a repetir, y obligarlo a devolver el juguete.

Lo primero es una sanción, lo segundo no. Es un acto de pura justicia, es lo que corresponde. Devolver algo ajeno es una obligación de naturaleza civil asimilable a pagar deudas, no es materia penal ni se rige por la presunción de inocencia.

Mientras el Congreso discutía, por casi tres años, un proyecto de ley de extinción de dominio, los narcotraficantes seguían robando la vida de nuestros hijos, personas eran sometidas a explotación sexual y laboral y los abusadores lucraban con la pornografía infantil. Es gravísimo, el crimen organizado se desarrolla y consolida con los beneficios económicos del delito.

La banda de “Los Monos”, en Rosario, utiliza una enorme cantidad de propiedades, vehículos y embarcaciones -que nadie explica cómo compraron- para desplegar su negocio a través de la venta de droga, usurpación, secuestros y homicidios.

Al mismo tiempo que los ciudadanos de bien realizamos un enorme esfuerzo para sacar al país de la delicada situación económica en la que lo dejó la corrupción sistémica, los corruptos disfrutan de una vida de lujos que no se corresponde con sus ingresos de funcionarios públicos.

La plata de los bolsos que un ex secretario revoleó en el famoso convento, no pudo ser aún destinada a hospitales, escuelas, rutas, seguridad o servicios públicos.
Mientras la Justicia demora años en investigar estos delitos complejos, el Estado gasta fortunas y ocupa personal en cuidar autos importados secuestrados a los delincuentes, en lugar de usar esos recursos en beneficio de la sociedad. A los ojos de los ciudadanos, se trata de situaciones evidentes y espantosas que los desincentiva a respetar las leyes.

La extinción de dominio incorpora al Código Civil una causa nueva por la que una persona puede perder la tenencia de una cosa.

Durante el proceso el fiscal debe demostrar que el bien no se justifica en los ingresos legales declarados y que resulta verosímil que provenga de un delito. El demandado tiene la oportunidad de acreditar que tiene otro origen, lícito. El juez civil debe resolver ponderando las pruebas presentadas. Se encuentra garantizado así el derecho de defensa.

Las consecuencias de las leyes civiles se aplican a partir de su entrada en vigencia, aún a las situaciones jurídicas preexistentes.
Así, la sentencia de extinción de dominio no produce consecuencias retroactivas sino hacia el futuro, incluso sobre los bienes mal habidos con anterioridad a la sanción del régimen. Ello tiene una limitación: la nueva ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Pero nadie puede invocar legítimamente un derecho de propiedad para conservar las ganancias del delito.

Para las víctimas de esos gravísimos atentados, no hay nada más necesario y urgente que terminar con la impunidad del negocio criminal. Será ahora el Congreso el encargado de convalidar la decisión presidencial, los fiscales los responsables de aplicar esta herramienta con objetividad y los jueces los garantes de que no se cometan abusos.


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