El (des)control del dinero de la política

11:52 | No es posible que los gastos de campaña sean auditados con demoras tan grandes en el tiempo.
Para hacer política, se necesita dinero” suele afirmarse, y es cierto. La competencia entre fuerzas políticas en los períodos de campaña requiere de recursos económicos. Y ése es un costo que estamos dispuestos a pagar para poder vivir en democracia.

Una investigación periodística que comenzó con la publicación de cuadernos con anotaciones de supuestas recolecciones de dinero realizadas por funcionarios del anterior gobierno nacional, devino en las declaraciones de varios empresarios y del entonces Jefe de Gabinete, en las cuales se admitió el aporte de dinero para financiar la campaña electoral.

Otra investigación, un tiempo antes, había dado cuenta de que la alianza política del actual oficialismo de la Provincia de Buenos Aires habría falsificado los registros de aportantes particulares en la última campaña, haciendo figurar como tales a personas que nunca habían aportado nada.

Ambas son muestras escandalosas del fracaso del sistema actual. Y más aún considerando que ninguno de los casos fue detectado por controles estatales, sino por investigaciones periodísticas. Resta ahora que el Poder Judicial siga investigando, lleve a término los procesos y avance en la sanción a los responsables. Paralelamente, existe un amplio acuerdo respecto a que es necesario un nuevo esquema regulatorio del financiamiento de la política, ya que el actual no es adecuado para detectar, prevenir o sancionar las violaciones a las reglas sobre el financiamiento de la política. Dicho esquema debería tender a materializar algunos compromisos constitucionales centrales en nuestra comunidad política: la igualdad de los ciudadanos -reflejada en el principio “un ciudadano, un voto”-, la libertad de los electores y el principio de representación -el deber de los gobernantes de representar los intereses de la ciudadanía-.

El sistema actual prohíbe que las empresas aporten dinero a las campañas, aunque es sabido que las empresas aportan en forma indirecta, burlando la prohibición; los partidos políticos suelen presentar balances que no se condicen con los gastos reales realizados, o dichos gastos son “disfrazados”, quedando muchos sin declarar; el Poder Judicial no cuenta con las herramientas para controlar efectivamente el gasto de campaña y dicha falta de controles no permite conocer el origen de los fondos; y prácticamente no existen sanciones a los responsables.

El Gobierno promueve una modificación en la regulación del financiamiento de campañas, que incluye eliminar parcialmente la prohibición actual que impide a las empresas aportar.

La propuesta oficial incluye además algunas medidas de seguridad, como el límite al aporte de empresas y la -acertada- bancarización de los aportes.

Aun así, la propuesta no resuelve varios de los problemas -y agrava otros-. La permisividad en los aportes empresarios desvirtúa el principio de representatividad, generando un efecto de cancha inclinada que favorece a algunas fuerzas políticas por sobre otras.

En segundo lugar, las soluciones propuestas no protegen adecuadamente que quienes gobiernan preserven su autonomía respecto de sus aportantes. Una fuerza política que reciba aportes empresarios se encontrará en gran medida condicionada, y tendrá menos incentivos para adoptar decisiones basadas en el interés público.

Finalmente, el escepticismo en la posibilidad de establecer controles efectivos resulta contradictorio con la confianza en los nuevos límites que el proyecto establece.

La bancarización resulta uno de los mecanismos de control necesarios, pero no es suficiente. Es necesario, en primer lugar, que quien realiza los controles tenga las herramientas materiales necesarias.

En segundo lugar, es necesaria una mejor disponibilidad de la información que permita un análisis exhaustivo de las cuentas partidarias y de los gastos que efectivamente se realicen. En tercer lugar, es necesario un cambio de rol en el control del financiamiento: no es posible que los gastos de campaña sean auditados con demoras tan grandes en el tiempo, y sólo con la información provista por los propios auditados. Finalmente, es necesario fortalecer el sistema de sanciones, a fin de que los controles tengan resultados efectivos.

En definitiva, es saludable que se reconozca que el sistema actual de financiamiento de la política está gravemente enfermo. Pero ocurre que el remedio que se le pretende aplicar no lo sanará. En adelante, las violaciones al sistema de financiamiento de la política deberían salir en los diarios porque fueron detectadas por un sistema de control eficaz que actuó previamente, y no al revés.
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