TRIBUNA
22-10-2018
Eliminar la corrupción, una cuestión de sentido común
17:51 |
Revertirla implica un cambio cultural. Debemos tener la voluntad política de cumplir la ley y de fomentar el funcionamiento de las instituciones de forma eficiente. Además, aprovechar la tecnología para que los procesos de inversión pública sean transparentes.
La corrupción es la enfermedad por excelencia del subdesarrollo y en la Argentina la padecemos hace años. No sólo impide el crecimiento económico sostenido, sino que genera inequidad, y es causa de la pobreza estructural. Se trata de una problemática que involucra tanto al sector público, al privado y a la sociedad civil. Si queremos alguna vez llegar a transformar el atraso en desarrollo, el principal desafío que tenemos hacia el futuro es revertir la cultura de la corrupción. Y no hace falta magia, hace falta sentido común.
¿Qué necesitamos los argentinos para poder revertirla? Necesitamos un cambio cultural. Y para cambiar esta cultura debemos tener la voluntad política de cumplir la ley, de fomentar el funcionamiento de las instituciones de forma transparente y eficiente, y de permitir que rija la división republicana de poderes de gobierno. También debemos utilizar las posibilidades que ofrece la tecnología para lograr más transparencia en los procesos de inversión pública.
La corrupción es costosa. Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el costo de la corrupción muestra que Argentina es uno de los países de mayor ineficiencia en el gasto público, con una cifra que ronda entre un 10% y un 30%, versus el costo en la Unión Europea de entre un 7% y un 25%. Más aún, nuestra experiencia reciente muestra que incluso con “tasas chinas” de crecimiento económico en la primera década de este siglo, igual generamos pobreza estructural récord. Una década perdida en términos de pobreza.
Sabemos que mayor transparencia, menos subsidios y más cumplimiento de los planes de inversión, significan menor corrupción, y en esa línea venimos trabajando.
La aplicación de algunas simples medidas de sentido común que tomamos en los últimos dos años y medio de gestión, muestran que se puede disminuir la corrupción, con ahorros significativos en la inversión pública, logrando acceder a nuevas formas de financiamiento privado competitivo, mejorando los resultados de los proyectos de inversión, al cumplir plazos y montos, o simplemente garantizando la ejecución de proyectos de calidad.
Logramos, como ejemplo, algo histórico con la empresa AYSA, cómo fue obtener financiamiento competitivo en el mercado europeo por 500 millones de dólares sobre una oferta firme de 2.1 billones de dólares a comienzos de este 2018, para aumentar la inversión en el gran déficit de infraestructura social en el AMBA y sin impacto en el déficit del país.
La corrupción es la enfermedad por excelencia del subdesarrollo y en la Argentina la padecemos hace años. No sólo impide el crecimiento económico sostenido, sino que genera inequidad, y es causa de la pobreza estructural. Se trata de una problemática que involucra tanto al sector público, al privado y a la sociedad civil. Si queremos alguna vez llegar a transformar el atraso en desarrollo, el principal desafío que tenemos hacia el futuro es revertir la cultura de la corrupción. Y no hace falta magia, hace falta sentido común.
¿Qué necesitamos los argentinos para poder revertirla? Necesitamos un cambio cultural. Y para cambiar esta cultura debemos tener la voluntad política de cumplir la ley, de fomentar el funcionamiento de las instituciones de forma transparente y eficiente, y de permitir que rija la división republicana de poderes de gobierno. También debemos utilizar las posibilidades que ofrece la tecnología para lograr más transparencia en los procesos de inversión pública.
La corrupción es costosa. Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el costo de la corrupción muestra que Argentina es uno de los países de mayor ineficiencia en el gasto público, con una cifra que ronda entre un 10% y un 30%, versus el costo en la Unión Europea de entre un 7% y un 25%. Más aún, nuestra experiencia reciente muestra que incluso con “tasas chinas” de crecimiento económico en la primera década de este siglo, igual generamos pobreza estructural récord. Una década perdida en términos de pobreza.
Sabemos que mayor transparencia, menos subsidios y más cumplimiento de los planes de inversión, significan menor corrupción, y en esa línea venimos trabajando.
La aplicación de algunas simples medidas de sentido común que tomamos en los últimos dos años y medio de gestión, muestran que se puede disminuir la corrupción, con ahorros significativos en la inversión pública, logrando acceder a nuevas formas de financiamiento privado competitivo, mejorando los resultados de los proyectos de inversión, al cumplir plazos y montos, o simplemente garantizando la ejecución de proyectos de calidad.
Logramos, como ejemplo, algo histórico con la empresa AYSA, cómo fue obtener financiamiento competitivo en el mercado europeo por 500 millones de dólares sobre una oferta firme de 2.1 billones de dólares a comienzos de este 2018, para aumentar la inversión en el gran déficit de infraestructura social en el AMBA y sin impacto en el déficit del país.
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