Legislatura
27-03-2017
La legislatura avanza en medio del tironeo entre oposición y oficialismo
07:51 |
La Cámara de Diputados celebrará el miércoles su cuarta sesión ordinaria y el Senado la tercera, el jueves. Como en todo año electoral, la puja del oficialismo y la oposición se potencia en las bancas. Los enfrentamientos son constantes y se acentuarán con el correr de los días.
La semana pasada los diputados mantuvieron ásperas discusiones por el pedido de intervención a Itatí, que finalmente el peronismo rechazó. En el Senado, los opositores hicieron valer sus números y rechazaron una pliego judicial remitido por el Ejecutivo provincial.
Todo indica que la beligerancia se mantendrá hasta celebrada las elecciones. Mientras esto ocurre, en la agenda legislativa varios proyectos esperan avances desde hace años.
Pese a ello, desde el oficialismo aseguran que hay consenso para avanzar en dos proyectos clave que esperan tener mejor suerte desde hace varios años: la reforma del Código Procesal Penal y una ley provincial de Educación.
En la Cámara de Senadores y de Diputados existiría un acuerdo para avanzar en normativas fundamentales para la provincia, entre ellas el Código Procesal Penal y una ley provincial de Educación. Sin embargo, la promesa de un tratamiento de estas iniciativas se renueva cada año, con idéntico resultado: falta de consenso.
Entre los temas de agenda, Diputados tiene en su tintero la reforma del Código Procesal Penal. La iniciativa fue varias veces analizada por los legisladores. Se anunciaron cambios. Pero desde hace 10 años, el proyecto no avanza.
Además, el Superior Tribunal de Justicia pretendería que se concrete la división del Ministerio Público.
En 2015 desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, se solicitó a la Corte provincial que avance en la división de funciones entre Defensorías y Asesorías debido a un incremento de la litigiosidad.
Desde el Superior Tribunal de Justicia, tendrían la decisión de poder concretar este año las designaciones necesarias a través del Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes que permitan dividir las dependencias que actualmente cumplen las dos funciones.
La reglamentación del Ministerio Público Fiscal, que se dividió en Asesoría y Defensoría, tras la reforma constitucional del año 2007, fue judicializada.
La semana pasada los diputados mantuvieron ásperas discusiones por el pedido de intervención a Itatí, que finalmente el peronismo rechazó. En el Senado, los opositores hicieron valer sus números y rechazaron una pliego judicial remitido por el Ejecutivo provincial.
Todo indica que la beligerancia se mantendrá hasta celebrada las elecciones. Mientras esto ocurre, en la agenda legislativa varios proyectos esperan avances desde hace años.
Pese a ello, desde el oficialismo aseguran que hay consenso para avanzar en dos proyectos clave que esperan tener mejor suerte desde hace varios años: la reforma del Código Procesal Penal y una ley provincial de Educación.
En la Cámara de Senadores y de Diputados existiría un acuerdo para avanzar en normativas fundamentales para la provincia, entre ellas el Código Procesal Penal y una ley provincial de Educación. Sin embargo, la promesa de un tratamiento de estas iniciativas se renueva cada año, con idéntico resultado: falta de consenso.
Entre los temas de agenda, Diputados tiene en su tintero la reforma del Código Procesal Penal. La iniciativa fue varias veces analizada por los legisladores. Se anunciaron cambios. Pero desde hace 10 años, el proyecto no avanza.
Además, el Superior Tribunal de Justicia pretendería que se concrete la división del Ministerio Público.
En 2015 desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, se solicitó a la Corte provincial que avance en la división de funciones entre Defensorías y Asesorías debido a un incremento de la litigiosidad.
Desde el Superior Tribunal de Justicia, tendrían la decisión de poder concretar este año las designaciones necesarias a través del Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes que permitan dividir las dependencias que actualmente cumplen las dos funciones.
La reglamentación del Ministerio Público Fiscal, que se dividió en Asesoría y Defensoría, tras la reforma constitucional del año 2007, fue judicializada.
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