Mercedes repite conflicto por fondos tras polémica por tarifaria
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Se reinstaló el conflicto institucional entre la Comuna comandada por Víctor Cemborain (PJ) y un grupo de ediles a partir de la denuncia del Concejo Deliberante por “retención de fondos” desde el 20 de diciembre de 2016.
El Concejo Deliberante presentará demanda ante el Superior Tribunal por retenciones del Ejecutivo. Opositores hablan de “venganza”.
El presidente del cuerpo deliberativo, Daniel Ansola (ECO), señaló que no reciben recursos municipales y “hemos hecho las presentaciones correspondientes, con notas y constancias sin respuestas. “Ni bien concluya la feria judicial nos presentaremos ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que es el que debe entender en estas cuestiones y en mi carácter de titular del cuerpo pediré la devolución de recursos”, explicó.
“El origen de estas retenciones es la venganza que busca ejercer el Intendente porque no le aprobamos la Tarifaria que contemplaba aumentos de entre 42 y el 75% para los contribuyentes. Es fácil querer hacerle pagar a los vecinos ante los errores y el desmanejo que tiene esta gestión”, expresó Ansola.
En los primeros días de enero, Cemborain y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Gisela Cavia, habían cuestionado la falta de aprobación de la tarifaria municipal por parte del Concejo, cuerpo en el que la oposición es mayoría. El Jefe comunal se mostró disgustado porque “con estas acciones no logran desprestigiar a un Gobierno, sino que contribuye a la imposibilidad de lograr obras y servicios para la comunidad”, dijo al brindar una conferencia.
“Está ejecutando una medida ilegal, nosotros no percibimos nuestros salarios de diciembre”, dijo Ansola quien no dudó en considerar este nuevo cruce como “un anticipo del año electoral que está comenzando. Cemborain critica la falta de fondos pero a su vez desde que asumió ha hecho nombramientos desmedidos en la planta de empleados municipales”, finalizó.
En 2014 y 2015 hubo fallos favorables para el cuerpo deliberativo mercedeño que obligaron a una devolución de 2 millones de pesos por parte de la Comuna. Los ediles reclamaban un 6,68% fijado en el presupuesto municipal y la intendencia quería que se aplicara el tope del 4% establecido en el artículo 231 de la Constitución provincial. Tras el fallo del máximo órgano de la Justicia correntina el justicialista lo calificó de “decisión política”.