Nacionales
26-08-2014
El FpV consiguió el dictamen sobre la ley de abastecimiento
21:53 |
Fue tras un prolongado plenario de comisiones en el que expusieron la UIA y asociaciones de consumidores a favor y en contra de los proyectos del Ejecutivo. El Frente para la Victoria buscará alzarse con la media sanción en el recinto el miércoles próximo.
El Frente para la Victoria marcha a paso firme en el Senado, y, tras conceder una serie de fuertes modificaciones, consiguió firmar el dictamen favorable sobre la polémica ley de abastecimiento y los proyectos para inaugurar un fuero destinado a los consumidores y crear un observatorio de precios.
Con la venia del Gobierno, el Frente para la Victoria aceptó modificar proyecto original de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” para excluir a las pymes, eliminar las clausuras definitivas y ordenar que sea el PEN el que determine la autoridad de aplicación, cuando el texto mencionaba directamente a la Secretaría de Comercio.
La discusión tuvo lugar en un prolongado plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Presupuesto y Hacienda; de Justicia y Asuntos Penales; de Derechos y Garantías; y de Industria y Comercio, reunidas una vez más en el Salón Azul de la Cámara alta.
El oficialismo buscará imponer su mayoría parlamentaria en el recinto para aprobar y girar a la Cámara de Diputados las tres iniciativas la semana próxima, a pesar de las duras críticas de la oposición, que alertó sobre las “facultades discrecionales” que tendría el PEN para fijar precios de referencia y sancionar a empresarios con la nueva ley de abastecimiento.
La posición de las asociaciones de consumidores
Tras el rechazo generalizado a esta norma por parte de las cámaras de empresarios y productores la semana pasada, este martes fue el turno de las asociaciones de consumidores,
El presidente de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, manifestó su adhesión al proyecto de ley que crea un foro judicial para atender exclusivamente los reclamos de los consumidores, pero dudó que la reforma a la Ley de Abastecimiento solucione “los problemas de fondo” de la economía argentina.
“Si esta ley tiene 40 años de vigencia y no evitó la enorme concentración y extranjerización de la economía, los abusos de todo tipo que cometieron durante estos años los grandes grupos económicos concentrados, ¿quién piensa que porque establezcamos un aumento del monto de las multas vamos a resolver los problemas de fondo que hoy tiene la economía argentina que es la inflación, la concentración económica, el estado de desigualdad entre las pequeñas, medianas y grandes empresas?”, se preguntó el exdipoutado socialista.
No obstante, se diferenció de sus pares de la oposición que califican de “chavista” la reforma a la Ley de Abastecimiento, al remarcar que el expresidente venezolano Hugo Chávez tenía tan solo 10 años cuando se aprobó la mencionada norma, en 1974, por impulso de Juan Domingo Perón.
Además, destacó que la ley vigente “es mucho más drástica y severa que la que se piensa aprobar” por iniciativa del oficialismo.
Guillermo Lipera, de la Asociación Será Justicia, denunció que el proyecto de ley de abastecimiento “regula toda la libertad de comercio amparada por la Constitución, afectando el derecho a la propiedad y violando el artículo 28 de la Constitución Nacional”.
En este sentido, consideró que “genera incertidumbre”, al preguntarse “quién va a venir a invertir si tiene que preguntar a la Secretaría de Comercio si puede vender o cuánto puede vender”.
En cambio, el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos del Consumidor (ADDUC), Osvaldo Bassano, consideró que “no estamos frente a leyes de intervencionismo sino que hacen respetar a la persona como principal elemento que la Constitución Nacional nos obliga a tener en cuenta”.
En relación a la norma de 1974, el abogado señaló que Brasil y la Unión Europea “tienen las mismas regulaciones que la ley de abastecimiento” y que en Argentina “hay que tener herramientas fuertes”.
Bassano criticó duramente a los empresarios que rechazan la nueva ley y los acusó de ser cómplices de los golpes de Estado que inauguraron gobiernos dictatoriales. “ADDUC apoya algo que regule el mercado que se ha dado el lujo de golpear los cuarteles cuantas veces a querido”, disparó.
Por la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada destacó el nuevo fuero judicial que se pretende implementar: “Estamos en un momento histórico para la defensa de los derechos del consumidor”, expresó.
“Es un éxito de toda la sociedad argentina que le dará al consumidor el lugar que merece en el sistema judicial argentino”, agregó.
Por su parte Alberto Morelli, titular de la de la Asociación de la Cadena de la Soja (ACSOJA) sentenció que la ley de abastecimiento “se basa en principios opuestos a los de la Constitución” y además propuso imponer “sanciones para aquellos funcionarios cuyas medidas o decisiones afecten el normal desarrollo productivo, provocando caída en la oferta de productos y servicios que afecten el normal abastecimiento”.
Rechazo de la UIA
En representación de la Unión Industrial Argentina, el empresario Daniel Funes de Rioja manifestó su total rechazo a la reforma de la Ley de Abastecimiento al advertir que otorga “facultades discrecionales” al Poder Ejecutivo y que genera “inseguridad jurídica”.
“Será sumamente negativo para el crecimiento y desarrollo económico del país”, pronosticó el miembro del directorio ejecutivo de la UIA y aseguró que el proyecto es “inconstitucional, inconveniente, inoportuno”.
Al mismo tiempo, Funes de Rioja criticó al Gobierno nacional por dudar “del compromiso del empresariado argentino con la reconstrucción de la economía desde 2002”.
Por otra parte, el exdiputado nacional Ricardo Gil Lavedra analizó que “no está en discusión si el Estado puede o no regular la economía sino los límites y alcances” de ello, y aclaró que “en la práctica (el proyecto) lleva a suprimir el derecho que se quiere regular”.
“Esto no es libertad el mercado y nada tiene que ver con el caso de los consumidores”, aclaró, y pronosticó que la ley de abastecimiento será declarada inconstitucional.
(I)
El Frente para la Victoria marcha a paso firme en el Senado, y, tras conceder una serie de fuertes modificaciones, consiguió firmar el dictamen favorable sobre la polémica ley de abastecimiento y los proyectos para inaugurar un fuero destinado a los consumidores y crear un observatorio de precios.
Con la venia del Gobierno, el Frente para la Victoria aceptó modificar proyecto original de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” para excluir a las pymes, eliminar las clausuras definitivas y ordenar que sea el PEN el que determine la autoridad de aplicación, cuando el texto mencionaba directamente a la Secretaría de Comercio.
La discusión tuvo lugar en un prolongado plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Presupuesto y Hacienda; de Justicia y Asuntos Penales; de Derechos y Garantías; y de Industria y Comercio, reunidas una vez más en el Salón Azul de la Cámara alta.
El oficialismo buscará imponer su mayoría parlamentaria en el recinto para aprobar y girar a la Cámara de Diputados las tres iniciativas la semana próxima, a pesar de las duras críticas de la oposición, que alertó sobre las “facultades discrecionales” que tendría el PEN para fijar precios de referencia y sancionar a empresarios con la nueva ley de abastecimiento.
La posición de las asociaciones de consumidores
Tras el rechazo generalizado a esta norma por parte de las cámaras de empresarios y productores la semana pasada, este martes fue el turno de las asociaciones de consumidores,
El presidente de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, manifestó su adhesión al proyecto de ley que crea un foro judicial para atender exclusivamente los reclamos de los consumidores, pero dudó que la reforma a la Ley de Abastecimiento solucione “los problemas de fondo” de la economía argentina.
“Si esta ley tiene 40 años de vigencia y no evitó la enorme concentración y extranjerización de la economía, los abusos de todo tipo que cometieron durante estos años los grandes grupos económicos concentrados, ¿quién piensa que porque establezcamos un aumento del monto de las multas vamos a resolver los problemas de fondo que hoy tiene la economía argentina que es la inflación, la concentración económica, el estado de desigualdad entre las pequeñas, medianas y grandes empresas?”, se preguntó el exdipoutado socialista.
No obstante, se diferenció de sus pares de la oposición que califican de “chavista” la reforma a la Ley de Abastecimiento, al remarcar que el expresidente venezolano Hugo Chávez tenía tan solo 10 años cuando se aprobó la mencionada norma, en 1974, por impulso de Juan Domingo Perón.
Además, destacó que la ley vigente “es mucho más drástica y severa que la que se piensa aprobar” por iniciativa del oficialismo.
Guillermo Lipera, de la Asociación Será Justicia, denunció que el proyecto de ley de abastecimiento “regula toda la libertad de comercio amparada por la Constitución, afectando el derecho a la propiedad y violando el artículo 28 de la Constitución Nacional”.
En este sentido, consideró que “genera incertidumbre”, al preguntarse “quién va a venir a invertir si tiene que preguntar a la Secretaría de Comercio si puede vender o cuánto puede vender”.
En cambio, el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos del Consumidor (ADDUC), Osvaldo Bassano, consideró que “no estamos frente a leyes de intervencionismo sino que hacen respetar a la persona como principal elemento que la Constitución Nacional nos obliga a tener en cuenta”.
En relación a la norma de 1974, el abogado señaló que Brasil y la Unión Europea “tienen las mismas regulaciones que la ley de abastecimiento” y que en Argentina “hay que tener herramientas fuertes”.
Bassano criticó duramente a los empresarios que rechazan la nueva ley y los acusó de ser cómplices de los golpes de Estado que inauguraron gobiernos dictatoriales. “ADDUC apoya algo que regule el mercado que se ha dado el lujo de golpear los cuarteles cuantas veces a querido”, disparó.
Por la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada destacó el nuevo fuero judicial que se pretende implementar: “Estamos en un momento histórico para la defensa de los derechos del consumidor”, expresó.
“Es un éxito de toda la sociedad argentina que le dará al consumidor el lugar que merece en el sistema judicial argentino”, agregó.
Por su parte Alberto Morelli, titular de la de la Asociación de la Cadena de la Soja (ACSOJA) sentenció que la ley de abastecimiento “se basa en principios opuestos a los de la Constitución” y además propuso imponer “sanciones para aquellos funcionarios cuyas medidas o decisiones afecten el normal desarrollo productivo, provocando caída en la oferta de productos y servicios que afecten el normal abastecimiento”.
Rechazo de la UIA
En representación de la Unión Industrial Argentina, el empresario Daniel Funes de Rioja manifestó su total rechazo a la reforma de la Ley de Abastecimiento al advertir que otorga “facultades discrecionales” al Poder Ejecutivo y que genera “inseguridad jurídica”.
“Será sumamente negativo para el crecimiento y desarrollo económico del país”, pronosticó el miembro del directorio ejecutivo de la UIA y aseguró que el proyecto es “inconstitucional, inconveniente, inoportuno”.
Al mismo tiempo, Funes de Rioja criticó al Gobierno nacional por dudar “del compromiso del empresariado argentino con la reconstrucción de la economía desde 2002”.
Por otra parte, el exdiputado nacional Ricardo Gil Lavedra analizó que “no está en discusión si el Estado puede o no regular la economía sino los límites y alcances” de ello, y aclaró que “en la práctica (el proyecto) lleva a suprimir el derecho que se quiere regular”.
“Esto no es libertad el mercado y nada tiene que ver con el caso de los consumidores”, aclaró, y pronosticó que la ley de abastecimiento será declarada inconstitucional.
(I)
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